Una juez señala a Fujitsu en un caso de corrupción en Valencia

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Fujitsu

Una renovada puerta se ha abierto en el designado ‘caso Blasco’. La juez del mismo ha pedido que se realice una investigación contra la corrupción al haber detectado amaños en contratos en servicios informáticos que ascienden más allá del millón de euros.

Según apunta el diario El Mundo, en Valencia se instruirá una renovada causa de corrupción por las irregularidades en la gestión de la Generalitat Valenciana por los dirigentes del PP.

A través de un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana -encargado de la instrucción del ‘caso Blasco’, ha remitido al decanato las irregularidades que se han encontrado en la contratación por parte de la Consellería de Inmigración y Ciudadanía de los servicios informáticos de los años 2008, 2009, 2010 y 2011.

Se aprecian indicios de prevaricación y malversación de los caudales públicos, valorando que se han amañado contratos para que los servicios adjudicados a Fujitsu y otras dos empresas más, “terminarsen siendo subcontratados a las sociedades de Augusto Tauroni”. Este empresario está cumpliendo prisión al haber sido condenado por el desvío de las ayudas destinadas a la Cooperación y Desarrollo, junto al que fuera conseller Rafael Blasco.

Explica el Tribunal en su nota, que la juez cree que hubo una vulneración de los “principios de transparencia, disponible concurrencia y pericia efectiva que inspiran la contratación Pública”. Además, se cree que esto ya pasó con anterioridad a los expedientes de contratación. Es decir, que ya estaría hablado y decidido que las empresas de Tauroni las encargadas de efectuar esos trabajos a través de terceros. Algo que han verificado al revisar la fecha de los contratos suscritos, en los que se firmaba la subcontratación de estos servicios que posteriormente eran adjudicados por la Administración.

Según la jueza, estos hechos son ajenos a los que están investigando en el ‘caso Blasco’: la concesión de ayudas a diversas ONG’s del 2009 al 2011 y la construcción de un hospital en Haití. Es por eso que creen que otro juzgado debe admitir la investigación.

Caso Blasco

En la causa constan al menos siete contratos de un importe de más de un millón de euros, estos habrían sido amañados vulnerando los principios de transparencia y disponible concurrencia en la contratación pública. Tres empresas aparecen en el auto: Fujitsu® España, Comteldat e Ibermática. Eran las intermediarias que luego se subcontrataban a través de Dinamiz-e y S&C Vision y Análisis. Al frente de estas tres últimas o estaba Tauroni o alguno de sus testaferros. Las primeras contrataban a las segundas antes de haberse iniciado la tramitación del expediente admnistrativo, justamente el que se resolvía posteriormente para la adjudicación del servicio. En otras ocasiones era el objeto del contrato el que no se correspondía con el servicio prestado.

En la nota del Tribunal, “se evidencia que con anterioridad a la iniciación del expediente ya se conocía que iba a ser Fujitsu® la adjudicataria de los servicios requeridos por la Consellería y que estos iban a ser ejecutados en su totalidad” por Dinamiz-e o S&C. Esto representa un incumplimiento de la ley, ya que no se puede subcontratar excediendo el 60% del importe de la adjudicación, de hacerlo la responsabilidad es comunicarlo a la Administración.

De hecho, en la respuesta se explica que las cantidades abonadas en concepto del precio no eran destinados al objeto del contrato, se empleaban para “pagar al equipo humano que el Sr. Tauroni tenía en la Consellería dedicado al mantenimiento de determinados portales web, la Administración de Sistemas de la Dirección General de Inmigración, la Administración de Base de datos Oracle® y dos administrativas adscritas a la Dirección General de Inmigración, cuyo cometido nada tenía que mirar con servicios informáticos”.

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